La Justicia federal rechazó la homologación del acuerdo firmado en 2009 entre el Municipio de Magdalena y la petrolera Shell para cerrar la causa por el derrame de petróleo ocurrido en 1999 en las costas bonaerenses. La decisión deja sin efecto el entendimiento que había reducido la indemnización de USD 90 millones a USD 9,5 millones.
El fallo fue dictado por el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 3 el 30 de diciembre y notificado tras la feria judicial de enero. En ese momento, el entonces intendente de Magdalena, Fernando Carballo, había alcanzado un acuerdo con la empresa cuando el CEO de Shell Argentina era Juan José Aranguren, quien años después sería ministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri.
El derrame se produjo el 15 de enero de 1999, cuando el buque Sea Paraná impactó contra el petrolero Estrella Pampeana, propiedad de Shell. El choque provocó el vertido de más de cinco millones de litros de hidrocarburos, causando uno de los daños ambientales más graves registrados en la Argentina.
Diez años después del siniestro, Carballo impulsó un plebiscito no vinculante para aceptar la oferta de la petrolera. Con el respaldo del radicalismo local, el “sí” se impuso con el 77% de los votos y el municipio desistió de continuar las acciones judiciales a cambio de USD 9,5 millones.
Sin embargo, el juez federal Juan Rafael Stinco consideró que el acuerdo vulnera el orden público ambiental. En su resolución, sostuvo que los derechos ambientales no pueden ser objeto de una negociación privada que ignore los principios constitucionales, aun cuando haya contado con respaldo popular y ordenanzas del Concejo Deliberante.
“El acuerdo se limita a establecer una suma global, desvinculada de toda evaluación objetiva, técnica o económica que permita verificar su razonabilidad frente a la magnitud del daño ambiental”, señala el fallo. Además, remarca la ausencia de estudios de impacto ambiental, peritajes actualizados y criterios técnicos que justifiquen el monto pactado.
La sentencia también dio lugar a las presentaciones de Leonardo Fediuk, admitido como tercero interesado, quien advirtió que los estudios existentes hasta 2009 indicaban que el daño ambiental persistía y seguía afectando al ecosistema, a la población y a la economía local.
El juez consideró además “objetivamente desactualizado” el acuerdo por el tiempo transcurrido y por cláusulas accesorias —como asesoramientos no vinculantes en proyectos turísticos e industriales— que no se ajustan al marco ambiental vigente.
Tras el derrame, el Municipio de Magdalena había demandado a Shell para que reparara el daño ambiental y gestionara adecuadamente los residuos peligrosos. En 2002, el juez federal de La Plata Julio César Miralles ordenó tareas de recomposición por USD 35 millones, aunque sucesivas apelaciones derivaron en que la Corte Suprema trasladara el caso a la Justicia federal porteña en 2007.
Con esta resolución, la Justicia reabre un capítulo clave del histórico conflicto ambiental y deja nuevamente sobre la mesa la posibilidad de que Shell deba afrontar una indemnización cercana a los USD 90 millones por el daño causado en las costas de Magdalena.