La decisión del juez Ariel Lijo de ordenar un peritaje sobre los audios de Diego Spagnuolo a través de la Gendarmería Nacional generó un fuerte impacto en los tribunales de Comodoro Py y reconfigura el escenario de una investigación sensible para el gobierno.

El magistrado instruyó a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la fuerza para “corroborar el origen y la veracidad” del material, en una medida que abre interrogantes sobre el rumbo de la causa.

Un movimiento con impacto político

En el entorno judicial, la decisión fue interpretada como un gesto hacia Karina Milei, quien sigue de cerca la evolución del expediente. La elección de Gendarmería —una fuerza bajo la órbita del Ministerio de Seguridad— no pasó desapercibida.

La medida podría fortalecer la estrategia del oficialismo de cuestionar la validez de los audios bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, un principio jurídico que invalida pruebas obtenidas de manera irregular.

El antecedente clave en la causa

El fallo de Lijo se apoya en lineamientos previos de la Cámara Federal, particularmente en una resolución impulsada por los jueces:

• Martín Irurzun
• Roberto Boico
• Eduardo Farah

Esa instancia había dejado abierta la posibilidad de revisar la validez de las pruebas, en contraste con la postura sostenida anteriormente por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes defendían la solidez de la investigación basada en allanamientos y evidencia digital.

Sospechas, tensiones y disputa de poder

En Comodoro Py, la resolución fue recibida con sorpresa y críticas. Fuentes judiciales la calificaron como un giro significativo que podría alterar el curso del expediente.

Además, la medida se da en medio de una disputa clave: la carrera por la Procuración General de la Nación, donde el propio Lijo compite con Juan Bautista Mahiques.

En ese contexto, la decisión también es leída como un movimiento estratégico dentro del tablero judicial y político.

Qué puede pasar ahora

El peritaje abre un escenario de alto impacto:

• Si los audios son validados → la causa podría fortalecerse
• Si se detectan irregularidades → podrían quedar fuera del expediente

Incluso se evalúa la posibilidad de que se alegue manipulación mediante inteligencia artificial, una hipótesis mencionada públicamente por Javier Milei.

Conclusión

La decisión de Lijo no es un simple trámite técnico. Es un movimiento que puede redefinir una causa judicial clave y, al mismo tiempo, reconfigurar el equilibrio entre política y Justicia.

En un escenario donde cada paso tiene lectura política, el peritaje de los audios se convierte en una pieza central de una disputa mucho más amplia.