La posible instalación de dos centrales termoeléctricas en Brandsen encendió una fuerte discusión en la región, con vecinos, organizaciones ambientales y sectores productivos en estado de alerta ante el impacto que podrían generar estos emprendimientos.

Las iniciativas, impulsadas por empresas del sector energético, apuntan a instalarse a la altura del kilómetro 49 de la Ruta 2, en un área considerada de alta sensibilidad ambiental. El proyecto reavivó preocupaciones por antecedentes similares que enfrentaron cuestionamientos y restricciones en otros puntos del país.

El eje del conflicto: agua y producción

Uno de los principales focos de preocupación es el uso intensivo de agua. Según estimaciones técnicas, las plantas requerirían millones de litros diarios provenientes del acuífero Puelche, una reserva estratégica clave para el abastecimiento humano y la actividad productiva.

Este punto genera especial inquietud en el cordón frutihortícola de la región, que cumple un rol central en la provisión de alimentos para el Área Metropolitana de Buenos Aires. La posible presión sobre este recurso abre interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo.

Impacto en la salud y el ambiente

Otro de los aspectos críticos es la emisión de gases contaminantes. Especialistas advierten que este tipo de centrales puede liberar óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, compuestos asociados a problemas respiratorios.

La preocupación no se limita a Brandsen. Dependiendo de las condiciones climáticas, el impacto podría extenderse a distritos cercanos como La Plata, Berazategui y Quilmes, ampliando el alcance del conflicto.

Riesgo sobre humedales y marco legal

El predio donde se proyecta la instalación se encuentra próximo a un humedal protegido por normativa local, lo que suma un componente legal clave. La posible alteración de estos ecosistemas podría afectar la biodiversidad y la capacidad natural de absorción de los suelos.

En este contexto, el debate también se traslada al plano institucional. La eventual modificación del Código de Ordenamiento Urbano Territorial es vista como un punto crítico, ya que habilitaría actividades de alto impacto en zonas actualmente restringidas.

Presión social y definición pendiente

Vecinos y organizaciones exigen instancias de participación ciudadana antes de cualquier avance, incluyendo audiencias públicas que garanticen transparencia en la toma de decisiones.

Por ahora, el tema continúa en análisis dentro del Concejo Deliberante, sin una resolución definitiva. La discusión expone un dilema de fondo: cómo compatibilizar el desarrollo energético con la protección ambiental y la calidad de vida en la región.