Una investigación judicial impulsada por la Fiscalía a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrul derivó en una serie de allanamientos simultáneos para reunir pruebas sobre la presunta existencia de una estructura organizada destinada a la descarga, acopio y utilización irregular de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Los hechos bajo análisis habrían ocurrido durante diciembre de 2025.
Los procedimientos alcanzaron al menos tres inmuebles y permitieron el secuestro de una cantidad significativa de alimentos, además de teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa. Los allanamientos se realizaron en la ciudad de Paraná e incluyeron una vivienda ubicada en las inmediaciones del numeral 2300 de calle Facundo; otra en la intersección de Virgen de Luján y Los Talas —propiedad que estaría vinculada a Rosana Mabel Toso, integrante del bloque Juntos por Entre Ríos— y un tercer domicilio en Ceferino Namuncurá y Cortada 620.
Según informó el medio Análisis Digital, en todos los lugares se incautaron alimentos pertenecientes al Estado provincial y otros elementos relevantes para avanzar en la investigación. Entre los productos secuestrados figuran leche en polvo, aceite, harina, fideos, polenta, cacao, mermelada, dulce de leche, lentejas, arroz, yerba, puré de tomate, azúcar y galletitas.
La pesquisa apunta a determinar si esta mercadería fue desviada de los canales oficiales de distribución para ser utilizada por funcionarios provinciales y, eventualmente, por empleados contratados por el oficialismo en la Cámara de Diputados. En el marco de los allanamientos fueron identificadas varias personas, entre ellas Gabriel Jeremías Duré, un individuo de apellido Larrea y Plácido Jesús Ledesma. El grado de responsabilidad de cada uno será establecido por la Justicia a medida que avance el proceso.
La causa incorporó además una denuncia acompañada por un video en el que se observa a un camión identificado con el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos descargando mercadería en un local vinculado a la Fundación Hacemos Argentina. Dicha organización es impulsada por el actual secretario de Modernización, Emanuel Gainza.
Lo que investiga la Justicia provincial es si existió una apropiación de bienes públicos destinados a la emergencia social para ser utilizados con fines ajenos a su finalidad. De comprobarse, la maniobra habría requerido el uso de camiones oficiales, descargas en distintos puntos y el posterior acopio de la mercadería.
Incluso sin confirmarse la hipótesis de una eventual comercialización o utilización como moneda de intercambio, fuentes judiciales señalaron que el solo desvío de los alimentos ya configuraría una violación grave del interés público.
Las explicaciones del Ministerio de Desarrollo Humano
Tras la publicación del informe inicial, tanto la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso, como el secretario de Modernización Emanuel Gainza realizaron declaraciones públicas. Desde la cartera de Desarrollo Humano descalificaron el informe periodístico al considerar que “contiene afirmaciones inexactas” y aseguraron que se brindará toda la información necesaria ante la Justicia para esclarecer los hechos.