El 8 de agosto de 2025 concluyó en La Plata el juicio por la aparición del cuerpo de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, militante del PRT-ERP y víctima de los Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo, uno de los crímenes más aberrantes de la última dictadura cívico-militar argentina. La causa se centró en la responsabilidad de los ex policías Julio César Morazzo y Moisés Elías D’Elía, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y complicidad en el enterramiento del cuerpo como N.N.
Los hechos se remontan a 1976, cuando Novillo Corvalán fue secuestrada y desaparecida. Su cuerpo apareció sin identificación en Punta Indio y recién en 1997 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró confirmar su identidad tras una exhumación. Según la querella, ambos policías participaron activamente en la desaparición y ocultamiento del cadáver.
Sin embargo, el juez Alejo Ramos Padilla decidió absolverlos al considerar que eran “los eslabones más bajos de la jerarquía policial” y que “hicieron todo lo que pudieron hacer” en aquel contexto, señalando que no se les podía reprochar la falta de instrucción de un sumario. Este fallo, leído tras cuatro horas de argumentación, generó una fuerte reacción de la querella y de organismos de derechos humanos.
Pablo Llonto, abogado de la familia de Rosa Eugenia, calificó la sentencia como “perversa” y “una basura”, y pidió la renuncia inmediata del magistrado. Llonto, reconocido por su trayectoria en causas de lesa humanidad, recordó que este tipo de resoluciones atentan contra el compromiso del Estado de juzgar a todos los responsables, sin importar su rango.
El caso se inscribe en las investigaciones por los Vuelos de la Muerte, práctica mediante la cual las Fuerzas Armadas arrojaban personas secuestradas y asesinadas al mar o a ríos, con el objetivo de hacer desaparecer toda evidencia. Estos crímenes son considerados de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.
La absolución de Morazzo y D’Elía reabre el debate sobre la responsabilidad penal de los funcionarios policiales de menor rango en la represión ilegal y sobre el alcance de las obligaciones que tenían frente a crímenes de tal magnitud. Organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y abogados querellantes han manifestado su preocupación por el precedente que puede sentar este fallo en futuros procesos judiciales.
Para la familia de Novillo Corvalán, la lucha por justicia continúa. La causa deja en evidencia que, a casi 50 años de aquellos hechos, aún persisten resistencias en algunos sectores judiciales para aplicar todo el peso de la ley a quienes, de una u otra manera, colaboraron con el aparato represivo.