Hubo otros cinco empresarios detenidos. Lo volúmenes de dinero que se manejaron entre 2021 y 2024 han sido cuantiosos. El área de la fuerza de seguridad que quedó en el ojo de la tormenta es Servicios Sociales
Educación Clasificados Fúnebres Mercados Online Hubo otros cinco empresarios detenidos. Lo volúmenes de dinero que se manejaron entre 2021 y 2024 han sido cuantiosos.
El área de la fuerza de seguridad que quedó en el ojo de la tormenta es Servicios Sociales Por Redacción El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, ordenó una serie de 10 allanamientos simultáneos y la detención de cinco empresarios en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita fiscal, lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y una posible defraudación al Estado mediante facturación apócrifa y licitaciones públicas.
La causa, como se sabe, se originó tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en mayo de 2024. Según la pesquisa judicial, se habría detectado un sofisticado esquema destinado a generar facturas falsas para permitir que distintas empresas redujeran de manera ilegal el pago del Impuesto a las Ganancias y el IVA.
Fuentes de tribunales mencionaron que este expediente es una derivación de la investigación principal en la que ya fueron procesados la contadora Natalia Romina Foresio -que tiene domiciliaria-, junto a Luis Mauricio Cortazzo, Hugo Fernando Gatti y Claudia Mariela Soria, a quienes imputaron los delitos de asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
Posteriormente también fueron procesados otros integrantes de la denunciada organización. Durante la pesquisa apareció un testigo de identidad reservada que aportó información sobre un nuevo entramado delictivo presuntamente integrado por Foresio junto a Jorge Emilio Mangini, Juan Manuel Arteche, Maximiliano Nicolás Maldonado y Franco Nicolás Leonardi, quienes quedaron a disposición del magistrado interventor en calidad de detenidos.
El testimonio describió el uso de empresas fantasma, prestanombres y maniobras vinculadas con licitaciones de la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Puntualmente entre los años 2021 y 2024, a razón de 2.000 millones de pesos.
