La Justicia federal ordenó embargar a la Provincia de Buenos Aires por más de $157 mil millones para garantizar el inicio de obras destinadas al tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales generados en La Plata, Berisso y Ensenada, en el marco de una causa por contaminación ambiental que lleva varios años en trámite.
La medida fue dictada por el juez federal Alberto Recondo, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°4 de La Plata, quien dispuso inmovilizar $157.164.287.201 en una cuenta judicial hasta que el gobierno bonaerense acredite el inicio efectivo de la primera etapa del proyecto de saneamiento.
Según la resolución, el dinero deberá permanecer depositado en un plazo fijo con renovación automática cada 30 días, hasta que se compruebe el comienzo de las obras.
Una causa por contaminación ambiental que comenzó en 2020
El fallo se inscribe en una causa iniciada en 2020 por daños ambientales vinculados al sistema hídrico que integran el arroyo El Gato, el Río Santiago y el Río de la Plata.
Desde entonces, la Justicia federal dictó distintas resoluciones cautelares advirtiendo sobre el grave nivel de contaminación generado por los vertidos cloacales sin tratamiento que afectan a la región capital.
Un informe pericial elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e incorporado al expediente describió un escenario alarmante, al señalar que existe “un grado de contaminación aberrante de todo el sistema”, que se habría convertido en un receptor permanente de efluentes cloacales y residuos urbanos.
El embargo por incumplimiento de obras cloacales
En su resolución, el juez Recondo remarcó que el problema sanitario se arrastra desde hace más de dos décadas, debido a la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de los líquidos cloacales generados por las tres ciudades.
La documentación presentada en la causa indica que la incapacidad para depurar los residuos cloacales persiste desde hace años, lo que reflejaría una omisión prolongada del Estado provincial en la implementación de una política ambiental y sanitaria efectiva.
Ya en 2022, la Justicia había ordenado a la Provincia incluir en su presupuesto los fondos necesarios para iniciar las obras de tratamiento cloacal, pero según el magistrado esa medida no fue cumplida.
Ante ese incumplimiento, el tribunal decidió avanzar con el embargo del monto necesario para garantizar el financiamiento inicial del proyecto.
El juez también rechazó los argumentos del gobierno bonaerense vinculados a la falta de recursos. En resoluciones previas recordó que el costo estimado de la obra representa apenas el 0,67% del presupuesto provincial, por lo que la postergación no estaría vinculada a la disponibilidad de fondos sino a decisiones de asignación presupuestaria.
Inspección judicial en el Arroyo El Gato
La decisión judicial se tomó luego de una inspección ocular realizada por el propio juez en sectores del Arroyo El Gato y su desembocadura en el Río de la Plata, donde se constató nuevamente la falta de avances en las obras ordenadas.
Durante la recorrida se documentó el estado del sistema hídrico mediante actas e imágenes incorporadas al expediente, que evidencian el impacto ambiental del vertido de efluentes cloacales.
Además, el fallo dispuso solicitar asistencia técnica a la Facultad de Ingeniería de la UNLP para evaluar cómo debería implementarse un sistema mecanizado eficiente para el retiro de residuos sólidos en el arroyo y sus márgenes.
Alerta científica por la contaminación del Río de la Plata
La decisión judicial se produce además en un contexto de advertencias científicas sobre los efectos sanitarios de la contaminación en la región.
Un informe de la Red de Seguridad Alimentaria del Conicet advirtió sobre una “alarmante situación ambiental y sanitaria” en las playas de Berisso, producto del vertido de efluentes cloacales sin tratamiento adecuado.
Los análisis microbiológicos revelaron niveles extremos de contaminación. Mientras la normativa establece un límite de 2.000 bacterias coliformes fecales por cada 100 mililitros de agua, en las descargas cloacales analizadas se registraron valores cercanos a 7,1 millones.
Según el estudio, estas condiciones convierten sectores recreativos del Río de la Plata en zonas de riesgo para la salud pública.
Reclamos ambientales por el sistema cloacal
En paralelo, la organización ambiental Nuevo Ambiente solicitó que no se aplique el aumento tarifario de la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) hasta que se garantice el correcto funcionamiento del sistema cloacal.
La entidad sostiene que el sistema actual opera de manera incompleta y que la planta de pretratamiento ubicada en Berisso resulta insuficiente para procesar el volumen de efluentes que generan las tres ciudades de la región.
El embargo judicial busca ahora asegurar que finalmente se inicie el proyecto de saneamiento que permita reducir el impacto ambiental y sanitario de los vertidos cloacales en el sistema hídrico de la región capital.