Punta Indio: catarata de multas por romper la cadena de control del Estado

Tribunal de Cuentas bonaerense analiza la rendición de cuentas de Punta Indio y aplica sanciones por irregularidades
Tribunal de Cuentas bonaerense analiza la rendición de cuentas de Punta Indio y aplica sanciones por irregularidades

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas 2024 de la Municipalidad de Punta Indio, pero lo hizo aplicando una batería de multas y amonestaciones a intendentes, funcionarios y concejales por irregularidades graves en el manejo de fondos públicos. El fallo expone fallas estructurales en la administración y, sobre todo, la ruptura de la cadena institucional de control.

El análisis del organismo no se limitó a errores aislados. Detectó un patrón de deficiencias reiteradas en la gestión financiera, contable y patrimonial, que no fueron corregidas a tiempo ni frenadas por los mecanismos internos ni por el control político. Esa omisión —señala el Tribunal— agravó las responsabilidades.

Durante 2024 se registró una inusual rotación en la conducción del Ejecutivo local. La administración estuvo a cargo de Leonardo David Angueira durante gran parte del ejercicio, con un período intermedio a cargo de Gustavo Omar Barbe, quien luego retomó el cargo en el tramo final del año. El Tribunal dejó expresamente establecido que la fragmentación de la gestión no exime de responsabilidades a ninguno de los jefes comunales.

Irregularidades administrativas y contables
Entre las observaciones más relevantes se destacan: inconsistencias en la registración y ejecución presupuestaria; desajustes entre créditos autorizados y gastos devengados; uso irregular de fondos con afectación específica; y gastos sin respaldo documental suficiente. Estas falencias afectan la transparencia, debilitan el control real del presupuesto y contravienen normas vigentes.

Bienes municipales y patrimonio
El fallo también marcó deficiencias en los registros patrimoniales: inventarios incompletos, inconsistencias y falta de actualización en la valuación de bienes. La ausencia de una solución integral impacta directamente en la determinación del patrimonio municipal y en la responsabilidad de quienes deben resguardarlo.

Responsabilidades y sanciones
El Tribunal distribuyó responsabilidades políticas y administrativas. Fueron amonestados:

  • Fernando Hernán De Juan (Sistema de Presupuesto Público).
  • Damián Alberto Quetglas (Tesorería).
  • Gustavo Omar Barbe (intendente durante parte del ejercicio).

Recibieron multas económicas:

  • Leonardo David Angueira (intendente): $315.000.
  • Pamela Coccaro (Gobierno y Finanzas): $315.000.
  • María Alejandra Bordenave (Contabilidad): $325.000.
  • Gerardo Aníbal Landa (concejal): $280.000.
  • Ana María Szpitalnik (concejal): $280.000.
  • Lucas Ezequiel Foti (concejal): $280.000.
  • Melisa Yanina Franzoni (concejal): $280.000.
  • Alberto Luciano Caprile (concejal): $280.000.

El organismo remarcó que las amonestaciones constituyen antecedentes administrativos relevantes y advirtió que, de persistir estas prácticas, podrían derivar en sanciones más severas en futuros ejercicios.