El cierre de año encuentra al Astillero Río Santiago en un escenario de parálisis productiva y fuerte conflictividad interna. Mientras continúan los reclamos de trabajadores autoconvocados para que se respete el mandato de la asamblea realizada en noviembre, la conducción gremial de ATE Ensenada aparece cuestionada por manipular resoluciones, aceptar paritarias a la baja y no enfrentar de manera real el vaciamiento de la planta naval.
Las bases denuncian una apropiación irregular de categorías, ascensos y cambios de carrera, distribuidos de manera discrecional, lo que profundizó el malestar y la reacción de amplios sectores de trabajadores. A este conflicto interno se suma un problema estructural aún más grave: la falta concreta de obras navales que involucren al conjunto del personal. Las promesas de construcción de buques se dilatan, la actividad se reduce y el futuro productivo del Astillero sigue sin definiciones claras.
La situación se vuelve más delicada si se considera que en la Legislatura bonaerense existen proyectos orientados a privatizar la fábrica. Para los trabajadores, no se trata solo de una privatización formal, sino del riesgo de hacer desaparecer al Astillero o de modificar su razón de ser histórica: la construcción de embarcaciones de gran porte y artefactos navales estratégicos para el país.
Dos años de Milei y seis de Kicillof
Las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei golpearon con fuerza a la clase trabajadora y, en particular, al empleo estatal. La apertura a la importación de obras navales y la quita de apoyo financiero a potenciales clientes a través del FONDEF impactaron de lleno en la industria naval argentina y en el Astillero estatal.
Sin embargo, los trabajadores también señalan la responsabilidad del gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof, al que consideran responsable político directo de la planta. Desde 2019, denuncian presupuestos a la baja, planes de trabajo inexistentes y una pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios, incluso en años donde la Provincia declaró superávit fiscal.
El rol de ATE Ensenada
Desde el inicio de la gestión provincial actual, la conducción de ATE Ensenada es acusada de subordinar su accionar gremial a los lineamientos del Ejecutivo bonaerense, priorizando el acompañamiento político y electoral por sobre la defensa salarial y laboral. Según las críticas, este alineamiento derivó en salarios de pobreza, desinversión en la planta y un vaciamiento de la democracia sindical.
Las asambleas generales fueron sistemáticamente bloqueadas, las paritarias aceptadas sin consulta a las bases y las movilizaciones reducidas a expresiones formales, sin organización previa ni debate colectivo. En este marco, desde el sindicato se acusa a los activistas y autoconvocados de “romper la unidad”, cuando, según los trabajadores, esa unidad nunca existió.
¿Cómo seguir?
Para amplios sectores del Astillero, la salida depende exclusivamente de la organización de las y los trabajadores. Durante el año, todas las asambleas generales y movilizaciones fueron impulsadas por los autoconvocados, en un contexto donde gran parte del personal percibe salarios por debajo de la canasta básica, estimada en $1.200.000 por el INDEC.
La exigencia es clara: convocar a una nueva asamblea general, hacer cumplir las resoluciones votadas y organizar la fábrica para enfrentar tanto el vaciamiento productivo como las reformas laborales y previsionales que amenazan los derechos históricos del sector.