El Concejo Deliberante de La Plata aprobó el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial impulsado por el intendente Julio Alak y por el secretario de Planeamiento, Sergio Resa. La iniciativa actualiza y amplía la ordenanza 12.638 —implementada en 2024— que había inaugurado una etapa de regulaciones en loteos, fiscalización urbanística y obras de renovación en espacios públicos.
Sin embargo, la aprobación abrió un debate profundo: mientras sectores vinculados al negocio inmobiliario celebraron el nuevo marco normativo, múltiples organizaciones sociales, especialistas urbanos y referentes académicos alertaron que el plan consolida un modelo que beneficia la especulación y deja sin respuestas inmediatas a los barrios más postergados.
Un ordenamiento que legaliza loteos y habilita continuidades
El plan declara como eje estratégico la “consolidación de una ciudad compacta”, con límites claros y una ocupación más eficiente del suelo. No obstante, tras meses de suspensión de emprendimientos privados por irregularidades detectadas durante la gestión anterior, el nuevo código habilita la continuidad de cientos de proyectos en áreas hoy catalogadas como “urbanas complementarias”.
Además, incorpora un protocolo de regularización para loteos que entre 2013 y 2023 hayan iniciado trámites o recibido algún visto bueno técnico, lo que en los hechos opera como un blanqueo generalizado para desarrollos de barrios cerrados y condominios instalados sobre suelo rural.
Sin soluciones urgentes para más de 200 barrios populares
Uno de los mayores cuestionamientos es la falta de medidas inmediatas para los más de 200 asentamientos y barrios populares de la ciudad, donde alrededor de 200.000 personas viven sin servicios básicos. El plan prevé que la urbanización se financie a futuro mediante un nuevo Fondo Municipal de Desarrollo Urbano, alimentado por contribuciones vinculadas a valorización inmobiliaria. Hasta entonces, no se plantean obras concretas ni cronogramas.
Alturas, densidades y riesgo hídrico: críticas al modelo de ciudad
El nuevo código urbanístico reduce de 12 a 10 pisos las alturas máximas en el casco y avenidas principales, pero simultáneamente incrementa densidades en zonas como Tolosa, Los Hornos y Abasto. Especialistas advierten que este esquema profundiza el proceso de verticalización que, desde hace décadas, ejerce presión sobre una infraestructura urbana ya saturada.
Asimismo, el plan no incorpora medidas contundentes para zonas críticas atravesadas por arroyos entubados —puntos que colapsaron durante la inundación de 2013— a pesar de que el riesgo hídrico es uno de los problemas estructurales de la ciudad.
La protección patrimonial, por su parte, se limita a acciones acotadas sobre edificios puntuales, sin una estrategia integral para preservar tejidos históricos y paisajes urbanos que se encuentran en retroceso.
Un debate que expone intereses contrapuestos
El plan obtuvo apoyo del PRO, la UCR y La Libertad Avanza. En paralelo, organizaciones territoriales y especialistas señalaron que se priorizan demandas del capital inmobiliario por encima de las necesidades habitacionales urgentes de la población trabajadora.
Mientras sectores populares reclaman acceso al suelo, urbanización y políticas contra el aumento de alquileres, el nuevo marco normativo se orienta —según sus críticos— a profundizar la lógica especulativa, sin resolver el déficit estructural que empuja a miles de familias a asentamientos informales.
Un futuro urbano en discusión
El debate recién empieza. Académicos, instituciones y organizaciones vecinales anticipan que seguirán reclamando la incorporación de mecanismos reales de participación, políticas de control de precios, urbanización inmediata y un ordenamiento que contemple el riesgo hídrico y la protección patrimonial como condiciones indispensables para cualquier desarrollo sostenible.