Legisladores y especialistas alertan sobre la concesión del Paraná y reclaman avanzar con el Canal Magdalena

Representantes de la Comisión Asesora por el Canal Magdalena mantuvieron un encuentro en el Congreso de la Nación con diputados nacionales, donde manifestaron su rechazo a la posible privatización de la Vía Navegable Troncal y la ausencia de un estudio ambiental integral que evalúe los impactos del dragado sobre el ecosistema del Paraná.

De la reunión participaron el presidente del Consejo Portuario Argentino, José María Lojo, junto a Gastón Harispe, Oscar Verón y Néstor Piccone, quienes expusieron ante los legisladores Santiago Cafiero (Buenos Aires) y Gustavo González (Santa Cruz), integrantes de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.

Durante el encuentro, los referentes advirtieron sobre la intención del Gobierno nacional de avanzar con una nueva concesión privada del Río Paraná, sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo y actualizado. Según explicaron, los informes disponibles son parciales y fragmentados, lo que impide dimensionar los posibles efectos ecológicos, sociales y económicos del proyecto.

“El Paraná no es solo una ruta de navegación: es un río vivo, fuente de agua, de trabajo y de biodiversidad. No puede someterse a intereses puramente comerciales”, remarcaron desde la Comisión.

En ese contexto, también reivindicaron la importancia estratégica del Canal Magdalena, planteándolo como una vía clave para integrar el litoral fluvial con el mar argentino y consolidar la soberanía nacional en materia portuaria y logística.

“El Canal Magdalena representa la conexión natural entre los ríos y el Atlántico, una obra fundamental para el desarrollo federal y la defensa de nuestros recursos”, destacaron.

Los diputados Cafiero y González se comprometieron a dar impulso al debate en las comisiones correspondientes, incluyendo la de Medio Ambiente, y a acompañar las iniciativas previstas para el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, donde se prevén acciones públicas en defensa del proyecto.