La Cámara Federal de La Plata deberá resolver si reabre la causa por torturas y vigilancia ilegal.
📢 Feriantes volverán a denunciar a policías por persecución, detención ilegal y torturas
Un grupo de seis vendedores ambulantes, absueltos judicialmente en diciembre de 2023, volverá a presentarse en la Justicia para denunciar a los policías federales que, según ellos, los persiguieron, detuvieron y sometieron a torturas en el marco de un operativo que tuvo lugar entre fines de 2018 y principios de 2019 en la ciudad de La Plata.
🚨 Operativo ilegal y espionaje sin orden judicial
El caso fue ampliamente documentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que calificó el accionar como “ilegal desde el origen y en todos sus términos”. Los vendedores fueron arrestados sin orden judicial y sus mercancías secuestradas, en un operativo que incluyó tareas de inteligencia ilegales llevadas a cabo por agentes de la Delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA).
Según consta en el expediente, el operativo fue dirigido por el entonces comisario Lionel Julita y el agente Walter Bertuzzi, quienes habrían ordenado seguimientos encubiertos, escuchas, infiltraciones y el acceso a bases de datos personales de los feriantes, sin ninguna autorización del Poder Judicial.
🧑⚖️ Absolución y denuncia por torturas
Los seis trabajadores fueron absueltos tras un juicio oral en el que se comprobó la inexistencia de pruebas válidas en su contra. Sin embargo, ahora avanzan con nuevas denuncias por los malos tratos y vejaciones sufridas durante su detención, especialmente por parte de las mujeres del grupo.
Uno de los testimonios más crudos fue el de Alicia Lauge, quien denunció durante el juicio que fue detenida en la sede de la PFA en La Plata, donde fue alojada junto a hombres, en condiciones de hacinamiento, sin atención médica y sin acceso a un baño digno.
“Me enfermé a los dos días. Tenía fiebre y no me llevaron al médico hasta febrero”, relató Lauge ante el tribunal.
⚖️ Investigación en curso
Las nuevas presentaciones judiciales buscarán que la Justicia investigue la cadena de responsabilidades dentro de la Policía Federal, y que se juzgue a los funcionarios involucrados por abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad, espionaje ilegal y torturas.
El caso vuelve a poner en foco el uso desviado de recursos estatales y la criminalización de la venta ambulante y la economía popular, una problemática que afecta a miles de trabajadores en la provincia de Buenos Aires.