Además, el fiscal solicitó que se le impongan reglas de conducta social durante dos años. No se pudo probar el delito de peculado. El veredicto, en junio.
Con un pedido de ejecución condicional y reglas de conducta social finalizó en La Plata el juicio oral para el exintendente de Berisso, Enrique Slezack, quien llegó a debate acusado de “peculado y estafa” en concurso real, pero solo fue acusado por el segundo de los delitos en una de sus figuras especiales.
Con varios años demora el exalcalde de la capital del inmigrante llegó a debate público acusado por el cambio de dominio y la venta de un terreno en calle 61 entre 122 y 123 de Villa Argüello a un precio muy por debajo del mercado y en pesos. Con el tiempo allí el comprador se construyó una vivienda cuyo valor de mercado osciló los 150.000 dólares.
Se trataba de un terreno fiscal que estaba ocupado por una persona de bajos recursos con problemas de salud mental, vecino de Rosa Bru, quien declaró en el juicio y confirmó, desde su mirada, la maniobra de desapoderamiento que habría sufrido el poseedor del lote.
Tras analizar toda la prueba, el fiscal estableció que no su pudo probar el delito de peculado pero acusó por el de estafa en una de sus figuras especiales establecidas en el inciso 11 del artículo173 del Código Penal Argentino (CP) que establece: “El que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligación referente al mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo, siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordados a otro por un precio o como garantía”.
Los jueces tomaron nota del pedido de condena de un año de prisión en suspenso y que se someta a reglas de conductas durante dos años establecidas en el artículo 27 bis del CP.
Por su parte la defensa, a cargo de los letrados Christian Romano y Juan Pesquera, solicitaron que su asistido sea absuelto ya que lo consideran ajeno a cualquier irregularidad. La nueva escritura fue un acto válido que no implicó ningún delito. Según consta en el expediente administrativo 6072/03, el único lote que generó inconvenientes fue uno que permanecía deshabitado y abandonado, generando quejas de vecinos por la presencia de personas dedicadas a delinquir durante la noche. La parcela fue inicialmente asignada a José Luis Caddeo mediante un boleto de compraventa en 1997, pero fue revocada por falta de cumplimiento de pagos, según lo dispuesto en el Decreto 1.364 del 3 de diciembre de 2004, basado en la Ordenanza 2.149.
Posteriormente, la posesión del terreno fue otorgada a una persona de apellido D’Angelo, con toda la documentación incorporada en el expediente. Además, se construyó un departamento en el mismo predio con entrada independiente para el antiguo beneficiario, como forma de asistencia, pese a que no existía obligación legal de hacerlo.
Todo se realizó con la intervención del Concejo Deliberante, mediante decretos y expedientes debidamente conformados, y sin observaciones por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Para la defensa, se trató de una causa iniciada por una denuncia errónea, sin sustento legal, en la que se buscó criminalizar una gestión que, por el contrario, promovía el bienestar común.
En el debate hubo otra parte. Se trata del abogado Ernesto Martín quien representa los intereses de los familiares del dueño del terreno, quienes sostuvieron la acusación y recordaron que tanto el juez de Garantías como la Cámara Penal señalaron en la etapa de instrucción que existió el delito de peculado. También hizo foco en que desde el poder político se desapoderó a una persona pobre de su único bien material, un lote con una precaria vivienda.
El juicio oral en La Plata
En la apertura del juicio oral, el propio Slezack declaró y deslizó acusaciones que salpicaron a una escribana procesada en la misma investigación. La audiencia tuvo lugar el jueves 15 de mayo, tras una serie de postergaciones.
El acusado hizo un recorrido por toda su trayectoria política y dio muestras que uno de los ejes en su paso por distintos cargos de la función pública fue la regularización del uso del suelo y que cada berissense pueda tener su propiedad unifamiliar escriturada y en regla.
El debate público que finalmente comenzó en el Tribunal Oral Criminal I de La Plata puso en el banquillo a Quique Slezack, quien fue intendente del municipio de Berisso entre los años 2003 y 2015.
La causa había quedado empantanada durante años por distintos factores: dilaciones judiciales, la inactividad provocada por la pandemia entre 2020 y 2022, y un episodio más reciente, en mayo de 2024, cuando el juicio se suspendió a raíz de un parte médico que diagnosticó al acusado con Gripe A y recomendaba reposo por 72 horas. A pesar de ese nuevo freno, el expediente volvió a tomar impulso y el juicio comenzó con la exposición del propio acusado.
Durante su declaración, Slezack ofreció su versión de los hechos y aseguró no haber recibido nunca ninguna advertencia o sanción del Tribunal de Cuentas bonaerense, el organismo que tiene bajo su órbita el control de los fondos municipales. Su descargo pareció creíble para varios de los presentes y, sin nombrarla directamente como responsable, dejó expuesta a la escribana María Luján Fogel, quien fue procesada en la misma causa, pero cuya situación procesal no fue definida hasta el momento.
Acusaciones, maniobras y una escribana en la mira
Uno de los pasajes más relevantes de la declaración del exjefe comunal giró en torno a un presunto intento de soborno. Según su testimonio, en una oportunidad se le acercaron tres abogados no identificados que le ofrecieron “cerrar” la causa de forma extrajudicial a cambio de 50 mil dólares. Para concretar ese pago, le habrían sugerido que pidiera el dinero a la escribana Fogel. Aunque no dio nombres ni más detalles sobre los supuestos emisarios del pedido, sus palabras apuntaron directamente a la escribana como presunta autora de la maniobra investigada.
Esta revelación generó inquietud en la sala. La situación procesal de Fogel, quien había sido alcanzada por el procesamiento en los inicios del expediente, nunca fue resuelta del todo por la justicia. A pesar de que el juicio tiene a Slezack como único imputado, las menciones a la escribana abren la puerta a nuevas medidas procesales una vez que finalice el debate oral.
El tribunal que lleva adelante el juicio está conformado por los jueces Hernán Decastelli, Cecilia Sanucci y Ramiro Fernández Lorenzo.
Una causa que tardó más de una década en llegar a juicio
La denuncia contra Slezack fue radicada el 8 de marzo de 2013. Desde entonces, el expediente transitó los caminos lentos de la justicia penal bonaerense, a los que se sumaron largos períodos de inactividad durante la pandemia de COVID-19. Recién este año se logró fijar fecha de debate, aunque con un nuevo contratiempo en mayo de 2024, cuando el exintendente presentó un certificado médico emitido por una clínica privada que confirmaba que cursaba Gripe A.
Esa postergación se sumó a una lista de dilaciones previas, incluyendo cambios de defensor y trámites periciales que demoraron el avance de la causa. La etapa oral representa, entonces, un punto clave en un expediente que había quedado relegado en los anaqueles del fuero penal platense.
Más allá del resultado judicial, el juicio pone nuevamente en el centro de la escena a un actor político del conurbano bonaerense que, durante su gestión, tuvo vínculos con distintas terminales del peronismo. Slezack fue, en sus inicios, un firme exponente del kirchnerismo. Con el tiempo, tejió relaciones con el entonces gobernador, el hoy libertario Daniel Scioli y, más adelante, cerró filas con el exministro Florencio Randazzo, en una muestra de su pragmatismo político.
El contexto político e institucional
Berisso no es un municipio más en la historia del peronismo: es la ciudad desde donde partieron muchas de las columnas obreras que el 17 de octubre de 1945 protagonizaron la jornada fundacional del movimiento. Gobernar ese territorio tiene una carga simbólica que no pasó desapercibida durante los doce años de mandato de Slezack. En ese marco, el juicio también interpela una forma de administrar recursos públicos, y la relación entre el poder político y los controles institucionales.
La defensa de Slezack insiste en que no hubo perjuicio al erario municipal ni irregularidades contables. Para eso se apoya en la supuesta ausencia de observaciones por parte del Tribunal de Cuentas, que debería haber alertado ante cualquier uso indebido de fondos.
Los alegatos se realizaron el viernes 16 de mayo último. La lectura del veredicto será el próximo