El proyecto para construir centrales termoeléctricas en Brandsen (Buenos Aires) generó repudio ciudadano y denuncias por falta de información pública. La instalación implicaba riesgos de contaminación de agua y aire en el cordón hortícola más grande del país. La movilización popular frenó la iniciativa en el Concejo Deliberante.
Por Vecinos Autoconvocados en Contra de las Termoeléctricas Contaminantes en Ruta 2
Las empresas SCC Power y MSU Energy pretendían instalar dos centrales termoeléctricas en el kilómetro 49 de la Ruta 2, en Brandsen (provincia de Buenos Aires). Se trata de una industria considerada insalubre que encontró un freno este lunes 21 en el Concejo Deliberante debido al repudio y la movilización popular. El Municipio tenía el proyecto en su poder desde octubre pasado, pero la ciudadanía denunció que no se había informado a vecinos ni a productores agropecuarios sobre su alcance, que no se habían realizado audiencias públicas y afirmaron que el estudio de impacto ambiental no contemplaba los efectos acumulativos ni regionales de contaminación.
El Concejo Deliberante debía definir el cambio de uso del suelo (de rural a industrial y de municipal a provincial) para permitir la instalación de las termoeléctricas, consideradas como una industria de categoría “Grado 3” (insalubres, incómodas y peligrosas según la Ley 11.459). La recategorización del suelo traería aparejadas otras complicaciones, ya que los vecinos no podrían hacer reclamos en el Municipio para que ejerza controles ante cualquier riesgo que pudiera suscitarse.
Sin embargo, la iniciativa —presentada por el intendente Fernando Raitelli (Unión por la Patria)— no prosperó. La votación fue de siete votos en contra (de Juntos por el Cambio), cinco a favor (de Unión por la Patria) y una abstención (de La Libertad Avanza). Fuera del Concejo se levantó una vigilia con 300 personas que se manifestaban contra las termoeléctricas.
Las termoeléctricas son industrias que producen electricidad a partir de la energía del gas natural, mediante el trabajo conjunto de turbinas de gas y de vapor. En el caso de la planta que se proyectaba en Brandsen, se proponía la combinación de gas y fueloil. Esta actividad genera contaminación sonora, del agua y del aire (por la emisión de gases cancerígenos). Tras el rechazo en Brandsen comenzó a circular la versión de que la planta podría instalarse cerca de La Plata.
Desde que la iniciativa tomó estado público, los vecinos se autoconvocaron para manifestar su repudio. Con carteles en mano y volantes realizaron cortes parciales en la Ruta 2 para informar a la ciudadanía y reclamar al Concejo Deliberante su rechazo. El intendente Raitelli fue uno de los impulsores del proyecto y cuenta con cinco días para definir si veta o no la decisión del legislativo local.
Las compañías involucradas en el proyecto son SCC Power y MSU Energy, cuyas termoeléctricas ya fueron clausuradas en Pilar y Escobar debido a una sentencia judicial de 2024, ante el reclamo vecinal por los efectos nocivos de los ruidos y las vibraciones. SCC Power publicita en su página web que su producción es de “alta confiabilidad” y que cuenta con plantas “estratégicamente ubicadas a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires” (en Matheu, Luján, Las Palmas y San Pedro). MSU Energy tiene plantas en General Rojo y Barker (Buenos Aires) y en Villa María (Córdoba). Ambas pertenecen al Grupo MSU, que se dedica al agronegocio y a la producción de energía. La mayoría de sus centrales están judicializadas por litigios con los vecinos.
Durante el proceso de tratamiento del proyecto en Brandsen se registró la presencia de personal de las empresas en el Concejo local. El concejal Lucas Bronicardi (de Unión por la Patria) denunció a principios de abril que recibió amenazas junto a su familia, tras haber dado a conocer su intención de votar en contra del proyecto. El lunes 21 estuvo ausente con aviso.
Daños en la salud y el ambiente
Los vecinos de Brandsen se enteraron el 20 de febrero, por la radio, que se instalarían dos centrales termoeléctricas en su localidad. Ni delegados ni subdelegados municipales se habían acercado a informar sobre este plan a quienes habitan y producen en la zona, ubicada en el cinturón frutihortícola más grande del país. Ese mismo día se anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante, programadas para el 24 de febrero, con el objetivo de presentar y votar el proyecto en un plazo de 20 días. Este proceso no contó con audiencias públicas ni informes de impacto ambiental realizados por entes neutrales, autónomos y científicos.
Los únicos informes de impacto ambiental se hicieron públicos una semana después de haberse presentado el proyecto en las sesiones extraordinarias. Al mismo tiempo, se dio a conocer la existencia de una donación de vehículos por parte de la empresa, condicionada a la aprobación del proyecto; hecho que suscitó denuncias de un posible delito de tráfico de influencias.
Durante todo el proceso los vecinos observaron la activa presencia de representantes de SCC Power y MSU Energy en áreas restringidas del HCD, accesibles únicamente a miembros del cuerpo y empleados autorizados. Entre ellos se encontraba Guillermo Marseillan, director ejecutivo, co-fundador y actual vicepresidente de MSU Energy, así como el abogado Ezequiel Abad. Esta situación generó sospechas de connivencia entre estas empresas y sectores del oficialismo.
El expediente ingresado por el Intendente (para su tratamiento en el Concejo Deliberante) reunía dos informes ambientales correspondientes a las dos centrales termoeléctricas. Las mismas iban a emplazarse a menos de dos kilómetros de los barrios Las Golondrinas, Las Calandrias, La Rueda, Ruta del Sol, El Peligro y Gómez, afectando también a tres escuelas de la zona. Entre ellas, la escuela rural 11 “Gabriela Mistral”, donde concurren 120 niños. La contaminación alcanzaría un radio de 30 kilómetros a la redonda de las centrales, con perjuicios a los municipios de La Plata, Berazategui, Florencio Varela y Brandsen.
Estos estudios, presentados por las empresas, no contemplaban los efectos acumulativos ni regionales, lo que viola principios básicos de la Ley General del Ambiente (25.675) y pone en peligro a toda la región. En la documentación se registraron otras irregularidades, como fojas copiadas del año 2019, y la utilización del censo de 2010 para establecer el impacto ambiental en la región (tomaban datos de una población muchísimo inferior a la que efectivamente reside en la zona).
El plan presentado incluía la extracción de siete millones de litros diarios del acuífero Puelche, lo que desencadenaría la formación de un “cono de depresión”, con impactos en pozos cercanos e introduciendo contaminantes en las napas. Asimismo, las aguas residuales contaminadas serían vertidas al arroyo San Luis, que desemboca en un humedal protegido por la ordenanza N° 1236 y el Convenio Internacional Ramsar.
El ruido producido por los generadores alcanzaría hasta 107 dB (decibelios, unidad de medida del sonido), equivalente al estruendo de un avión despegando, mientras que la Organización Mundial de la Salud establece un límite seguro de 55 dB. Este nivel de contaminación sonora puede provocar insomnio, estrés, ansiedad, confusión y problemas de salud mental y cardiovascular.
Los daños serían enormes en la zona rural, ya que constituye el cordón frutihortícola más importante del país, perdiendo la capacidad de suministrar agua a estos emprendimientos.
Cronología de un reclamo ciudadano
Desde que se conoció el proyecto, la comunidad de Brandsen se mantuvo alerta y unida. Exigió transparencia, participación ciudadana y la adecuada evaluación de los impactos ambientales y de salud que, de materializarse, afectarían el futuro de la región. El revuelo generado por el proyecto y los sucesos en el Concejo Deliberante reavivaron la discusión sobre el respeto a la información pública y la necesidad de consultar a la ciudadanía en decisiones que ponen en juego la vida y el entorno.
El 10 de marzo, día en que se iniciaron las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, los vecinos se concentraron frente al Museo Histórico de Brandsen para manifestar su descontento. El Intendente no dudó en tildar de “hipócritas”, “mentirosos” y “desinformados” a los manifestantes. En respuesta, los vecinos entregaron al HCD una nota respaldada por 200 firmas, solicitando la realización de audiencias públicas.
Una semana después se celebró una sesión en la que, nuevamente, se manifestó el rechazo ciudadano. Los concejales votaron por unanimidad en favor del llamado a Audiencias Públicas y para que el proyecto fuera tratado en una Comisión Honoraria. La comisión se reunió el 3 de abril y se aprobó la instalación de las industrias.
Las comisiones del Concejo Deliberante decidieron tratar el tema del cambio de uso de suelo en la sesión del 8 de abril, mientras el Intendente suspendía el llamamiento a las audiencias públicas. Pero esa sesión fue suspendida abruptamente, ese mismo día, por el presidente del Concejo Municipal (Daniel Caraballo, UP). El tema de la desafectación (paso necesario para la instalación), finalmente fue tratado el lunes 21 de abril y rechazado por mayoría. Brandsen no tendrá termoeléctricas.